Los usuarios de una planeación/estrategia fiscal, y que a partir de aquí los mencionaremos como “los contribuyentes”, a partir de 2021, tienen obligaciones fiscales nuevas.
Así es, las personas físicas y morales tendrán que reportar los esquemas reportables al SAT en los siguientes casos:
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Hola,
México es un país que forma parte de la OCDE desde hace décadas. Al respecto, dicho organismo a través de BEPS publicó su acción 12 (Mandatory Disclosure Rules) https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action12/, que tiene como objetivo que le sea revelada “planeación fiscal agresiva”, a las autoridades fiscales mexicanas.
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Estimado Lector,
Le recuerdo que inicios del 2020 entró en vigor una reforma fiscal de la 4T, que consiste en que cada vez que las instituciones que componen el sistema financiero (bancos, aseguradoras, afianzadoras, afores, arrendadoras financieras, entre otras) les paguen intereses a las personas físicas, le van a retener a dichas personas el 1.45% de Impuesto (ISR), pero sobre el capital.
Si le ponemos números a lo anterior, nos vamos a llevar una desagradable sorpresa. Resulta que una persona física tiene un capital invertido de 100 mil pesos, donde la institución le paga a una tasa del 6% anual; usted recibiría un interés anual en cantidad de 6 mil pesos al año (500 mensuales); pero a usted le van a retener 1,450 pesos al año de ISR.
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Estimado Lector,
Todo se originó por una propuesta de reforma fiscal del presidente López Obrador. Dicha propuesta originalmente indicaba que se aplicaría una retención de IVA del 16%, a aquellos pagos relacionados con servicios recibidos de subcontratación laboral (outsourcing).
Le informo que posteriormente, los Diputados y Senadores modificaron considerablemente la propuesta del presidente. Se decidió aplicar la tasa del 6% en lugar del 16%, le incluyeron conceptos como “poner a disposición personal”, “desempeñar funciones en instalaciones del contratante o fuera de estas” entre otros. En fin, le cambiaron casi todo a la propuesta original, la cual fue aprobada, y está en vigor a partir del 1 de enero de 2020.
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